Argentina: ¿Hacia dónde van las reformas del nuevo gobierno?

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Por Gonzalo Toca

La administración, está intentando que los mercados vuelvan a confiar en el país.

El presidente Mauricio Macri quiere convertir Argentina en un destino creíble, atractivo y estable para los inversores nacionales e internacionales, entre los que destacan los gigantes de los hidrocarburos…, ¿pero qué reformas está prometiendo y poniendo en marcha para hacer que las multinacionales vuelvan a tener hambre de Buenos Aires? Los expertos coinciden en que es demasiado pronto para valorar el impacto en el mercado de los cambios normativos de un Gobierno cuyos ministros solo llevan efectivamente al mando del país desde enero. La investidura de Macri se produjo el pasado diez de diciembre. Hay más dificultades para evaluar la respuesta de los inversores. Para empezar, la administración anterior, liderada por Cristina Fernández de Kirchner, dejó la credibilidad del Estado entre las multinacionales en niveles bajísimos que ahora tardará años en recuperarse haga lo que haga el presidente. Por si fuera poco, los precios mundiales del petróleo y el gas son tan débiles, advierte el economista y consultor energético argentino Francisco Mezzadri, que la liberalización, la transparencia y la apertura no movilizarán a las empresas que podrían explotar los pozos hasta que dejen de caer y se recuperen. Tampoco en Vaca Muerta.

Lo que sí puede observarse desde ya es el inicio de la construcción de una nueva rampa de lanzamiento para los inversores tan pronto como los combustibles fósiles se estabilicen con un barril que oscile entre los cincuenta o los sesenta dólares, algo que analistas como Albert Enguix, de GVC Gaesco Gestión, dan por hecho para los próximos años.

Esa rampa de lanzamiento se apoya en dos clases de medidas: la primera aspira a reconstruir la credibilidad y atractivo de Argentina como destino de inversiones en general; la segunda pasa por empezar a reordenar un sector energético arrasado por la arbitrariedad del Gobierno anterior y un mercado eléctrico disfunciona.

Cepos y ‘fondos buitre’ Para Francisco Macías, socio del despacho argentino Marval, O’Farrell & Mairal, su país necesitaba abolir el llamado cepo cambiario, que impedía repatriar dividendos fuera del país, para dejar de ahuyentar a las multinacionales. Precisamente, apunta, “una de las primeras medidas del nuevo Gobierno ha sido eliminarlo y eso es buena noticia”. Las firmas extranjeras se veían obligadas a una intrincada labor de ingeniería financiera que exigía operar con unos bonos soberanos argentinos denominados en dólares y que cotizan en Wall Street. En definitiva, había que romperse la cabeza, simplemente, para hacer una triste transferencia y retribuir al accionista. Otra noticia que tranquilizará a los inversores, según Francisco Macías, es el previsible acuerdo con los llamados ‘fondos buitre’, unos acreedores de bonos de alto riesgo a los que Argentina debe miles de millones desde 2008. Estos fondos llevaron al país ante la justicia estadounidense, que ha hecho casi imposible que el país se endeudase sin cumplir primero con estas obligaciones. Macías recuerda que el Estado “no podía devolver el dinero a ningún acreedor hasta que se lo devolviese a los ‘fondos buitre’”.

En estas circunstancias, los bancos internacionales no querían ponerse a la cola ni arriesgarse a un litigio de ocho años para que les pagasen, y los mercados y el grifo de la financiación extranjera se cerraron para el país del tango, que ya tenía la credibilidad muy abollada por la suspensión de pagos de 2001. Mauricio Macri, después de veinte horas de debate ininterrumpido en el Congreso que se extendieron hasta la madrugada del pasado 16 de marzo, logró 165 votos a favor y solo 86 en contra para devolver el principal y los intereses de los bonos de alto riesgo. Es el primer paso en una lucha que podría reabrir este año las compuertas de Argentina a la financiación internacional, un flujo desatado que afectaría a medio plazo a las operaciones de prospección y extracción de hidrocarburos. Si todo sigue adelante –y el Senado da la luz verde– el diario El País calcula que el Estado pedirá más de 12.000 millones de dólares en créditos externos en los próximos meses.

El analista argentino Daniel Gerold, de G&G Energy Consultants, cree que una de la mayores lacras que hacen salir corriendo a los inversores extranjeros cuando se plantean apostar por Argentina es el rampante déficit fiscal –que ronda el 7 por ciento del PIB– a lomos de un gasto público que cabalga con furia. Ese pesadísimo endeudamiento, sumado a la enorme dificultad que supone financiarlo fuera, ha agravado, según él, otros aspectos que llaman la atención negativamente de los mercados: la inflación, las devaluaciones del peso y la falta de creación de empleo de los últimos años. El economista Francisco Mezzadri recuerda que los subsidios a la energía representan más de la mitad del déficit argentino y que Mauricio Macri se ha mostrado dispuesto a atajarlo gradualmente. Las ayudas han consistido, para empezar, en exenciones fiscales sobre los derechos de exportación previstas en planes como Petróleo Plus, Refino Plus y las dos ediciones de Gas Plus, que premian ciertos niveles de cambio de reducir lo que tenían que pagar las empresas por vender sus barriles y tanques fuera. Algunos de estos planes también sirven para animar la extracción en pozos en alta mar que no se hubieran explotado antes de octubre de 2008.
Precios inflados

La otra fuente de las ayudas proviene de inflar el precio regulado del petróleo y el gas muy por encima de los niveles internacionales –el gas se vende cinco veces más caro que en Estados Unidos y el barril cuesta 50 dólares en el mercado local aunque en el resto del mundo el West Texas Intermediate haya rozado los 40 dólares– y en subvencionar masivamente el consumo de la electricidad en los hogares hasta el punto de que, según los cálculos de Daniel Gerold, la tarifa se encuentra en niveles 12 veces inferiores a los que debería. Las consecuencias, que no se han limitado al déficit, han sido dolorosas. Para empezar, los desesperantes apagones se suceden porque las distribuidoras eléctricas ni cuentan con recursos suficientes para acometer reformas de calado en la red de suministro, ni creen que vayan a recuperar la inversión si se atreven a hacerlas. Además, los ingentes incentivos a las firmas petroleras y gasistas apenas han estimulado la inversión extranjera y el aumento de la producción. ¿Por qué? Porque las multinacionales necesitan vender buena parte del combustible en el exterior, lo que significa que siguen rigiéndose por los raquíticos precios internacionales del barril y no por los que marca la Casa Rosada. Por si fuera poco, las inversiones que deberían realizar, después de años de arbitrariedad y regulaciones defectuosas son, en muchos casos, fabulosas y el consumo doméstico no las justifica. Mezzadri calcula que se necesitan unos 12.000 millones de dólares para empezar a explotar masivamente el gas de esquisto, la forma de combustible fósil más prometedora para el país según las estimaciones de los geólogos: Argentina la posee en tal abundancia que podría convertirse en uno de los mayores exportadores del mundo junto con China o Estados Unidos.

Daniel Gerold cree que los siguientes pasos de Mauricio Macri supondrán “elevar gradualmente las tarifas del gas y la electricidad de los hogares y las empresas teniendo en cuenta que es una decisión política muy difícil que puede hacer daño al Gobierno y que puede agravar la inflación”, que se aproximó al 25 por ciento el año pasado, según el consenso de la mayoría de los analistas independientes (las cifras oficiales se consideran ampliamente manipuladas). Es difícil cuantificar el impacto sobre las petroleras y las gasistas, porque dependerá mucho de que se mantenga el precio regulado.

La segunda medida que espera Gerold es un incremento, primero, de los incentivos fiscales a la producción de gas de esquisto y de energías renovables, y segundo, de “la remuneración” de las productoras de gas en general y de las distribuidoras que abastecen de energía a hogares y empresas. La idea es apostar por fuentes como la biomasa, promover la prospección y extracción de combustibles fósiles y fomentar la modernización de “los sistemas de distribución alineándolos más con el fuerte aumento de la demanda de los últimos años”. El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, publicó una resolución en enero para disparar entre un 200 por cien y un 300 por cien los precios mayoristas de electricidad del área de influencia de Buenos Aires.
Seguridad jurídica Francisco Macías, socio del despacho argentino Marval, O’Farrell & Mairal, identifica un tercer paquete de medidas, con el que se intentará apuntalar la seguridad jurídica y mitigar la arbitrariedad del Gobierno. En esa línea, afirma, “Mauricio Macri ha disuelto la comisión que fijaba los precios de los hidrocarburos y que aprobaba o rechazaba los planes de inversión de las empresas con decisiones que no siempre estaban justificadas”. Además, continúa, “se espera que derogue la Ley de Abastecimiento, por la que el Estado puede obligar a las compañías a producir energía en condiciones antieconómicas”, imponerles un precio máximo y expropiar activos y todo tipo de materias primas si no se cumplen determinadas condiciones de suministro.

Pero la modificación o derogación de las leyes no le servirá de mucho a Macri si, como apunta Macías, “el Gobierno no cumple las leyes y los jueces, especialmente los de la justicia federal, son más independientes de lo que han sido en los últimos 15 años”. Mauricio Macri nombró en diciembre por decreto a dos magistrados de la corte suprema sin pasar por el parlamento, algo que no había ocurrido en más de un siglo. La decisión, aunque es provisional hasta que la apruebe o rechace la cámara en las próximas semanas, se consideró una maniobra para condicionar las decisiones del poder judicial ante sus reformas y una mala señal para la lucha contra la arbitrariedad del Gobierno. Implementar la agenda reformista supone un desafío enorme para el Ejecutivo argentino, porque deberá tomar medidas muy conflictivas con una ligerísima mayoría en el legislativo (ganó las elecciones por menos de tres puntos).

El impacto de esas medidas puede traducirse, además, en malestar a corto plazo entre la población y eso en la desestabilización y caída del propio Macri, porque necesita reducir el gasto público y el déficit en un país con 11 millones de pobres y subir los precios de electricidad a pesar de que la inflación rozó el 25 por ciento el año pasado. Por si fuera poco, los mercados están muy atentos a cualquier abuso de poder y arbitrariedad después de más de una década en la que había leyes que se aplicaban y leyes que no por pura conveniencia. Este Gobierno, aunque las reformas en profundidad son poco menos que desesperadas, no podrá imponer su voluntad cueste lo que cueste sin hacer dudar de sus verdaderas intenciones a los inversores.

Para recuperar la credibilidad, está obligado al mismo imperio de la ley que limita su poder. Daniel Gerold considera que la lucha que tiene que librar Macri es grave y necesaria. El “descalabro” en el sector de la electricidad, el gas y el crudo “no tiene precedentes” y el país, afirma, “no tiene futuro si no hay certeza energética”. La escalada de una cumbre altísima llena de contradicciones no ha hecho más que comenzar. ¿Serán capaces de alcanzar la cima o las políticas argentinas se convertirán, una vez más, en el triste homenaje a Sísifo que han repetido sin parar y como si fueran un bucle desde hace décadas.

 

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