El camino hacia el control de los fraudes energéticos

Carlos Recio

Carlos Recio es director de Atos Worldgrid, cargo que ocupa desde 2013 tras pasar dos años como responsable de Soluciones de la compañía. Licenciado en Físicas por la Universidad de Cantabria, MBA por el IESE Business School;  anteriormente ha sido CEO en Mundivia, CIO (Chief Information Officer) en Panda Security y Subdirector Explotación Endesa, entre otros. Actualmente forma parte del Consejo Asesor de CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación)

Vivimos en un mundo en el que el fraude es algo que a muchos nos extraña, pero que, por desgracia, se da en cualquier estamento de la sociedad. Un ejemplo de este comportamiento es el que se refiere a los suministros de Energía (electricidad, gas, etc.) donde, según ha informado la CNMC, se está incrementando esta práctica y se puede hablar de una clara “profesionalización del fraude”.

Muy al contrario de lo que se opina en la calle, este tipo de actividades fraudulentas no son realizadas mayoritariamente por clientes con bajos recursos económicos, lo que llevaría a pensar en una especie de justificación debido a una mal entendida “justicia social”, sino que son realizados por clientes  con un alto nivel adquisitivo ó cercanos a otras actuaciones ilegales ó ilícitas. Pongamos algunos ejemplos de las mismas: Derivaciones eléctricas o de gas para iluminar o calentar las piscinas, enganches al alumbrado público para su uso puntual en maquinaria pesada, comercios que debido a que la “energía no les cuesta” hacen competencia desleal o las populares conexiones directas a la red eléctrica en plantaciones de marihuana para evitar que se registren consumos altos que puedan identificar este tipo de instalaciones, etc.

Además, paradójicamente, la verdadera injusticia social se debe a que el coste de los fraudes en realidad es asumido por todos los demás clientes que pagamos nuestras facturas religiosamente, sin olvidar el impacto Medio Ambiental que supone este consumo irresponsable. Este coste, aunque difícil de cuantificar, se estima en más de 500  millones de euros anuales en España.

Hasta ahora, las inspecciones realizadas por los distribuidores de estos suministros, cuyo objeto era identificar los robos de energía, en la mayoría de los casos eran aleatorias o como mucho aplicando alguna lógica sencilla para intentar mejorar los ratios de detección que rondaban entre el 2 por ciento y el 7 por ciento, por lo que su rentabilidad a menudo estaba cuestionada.

En la actualidad, las empresas distribuidoras de energía han conseguido que gracias al uso de nuevas tecnologías la detección de estas pérdidas no técnicas pueda llegar a convertirse en algo  asequible y rentable, ya que permiten gestionar grandes volúmenes de datos e interpretarlos y parametrizarlos de manera que los ratios de acierto pasan a elevarse hasta el 30-40 por ciento. Algunos ejemplos de esas tecnologías que se están poniendo en práctica son los despliegues de Smart Meters que hacen económicamente viable soluciones para el control y monitorización de los contadores de forma remota; las plataformas de BigData que permiten recibir y tramitar esta ingente cantidad de información; ó las matemáticas, que pasan a tomar un papel preponderante consiguiendo aplicar algoritmos y modelos que clasifican y crean patrones que nos permiten predecir estos comportamientos ó irregularidades.

Como conclusión, vemos que técnica y económicamente comienza a ser viable este control de los fraudes energéticos, pero aún falta un último paso para minimizar esta problemática, y que incluye la implicación de la Administración aprobando modificaciones de la regulación actual para que la persecución del fraude sea realmente posible y rentable. Como ejemplo de estas iniciativas, están la Propuesta de Real Decreto de Fraude Gas de la CNMC para el sector gasista, en donde se regulan las acciones, modus operandi, presencia de organismo independiente, etc. Además, la búsqueda de alternativas que incentiven a las Distribuidoras de Energía a acometer este tipo de actividades que repercutirán el día de mañana en el precio (tanto económico, como en términos de sostenibilidad) que pagamos por estos suministros los usuarios finales.

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