Lula da Silva, en libertad tras declarar por su implicación en el caso Petrobras

El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva ha sido puesto en libertad tras declarar ante la Policía Federal de Brasil por su implicación en la trama de corrupción en la que está envuelta la petrolera estatal brasileña, Petrobras, y que se conoce como la operación Lava Jato. La Policía Federal de Brasil también ha registrado este viernes la residencia del expresidente de Brasil a petición del magistrado Sergio Moro.

Se trata de un duro golpe para el gobernante Partido de los Trabajadores, que ha visto como varios de sus miembros se han visto envueltos en esta trama de corrupción, que ha implicado a varias empresas proveedoras de la petrolera estatal brasileña por el pago de sobornos para la concesión de contratos. La fiscalía ha acusado, por primera vez a Lula da Silva, de ser "uno de los principales beneficios" del sistema de desvío dinero que "favorecía a empresas que se enriquecían a costa de la estatal".

Este escándalo, que está salpicando a los máximos representantes del Gobierno brasileño actual, alcanza a políticos y partidos que obtenían financiación irregular. La supuesta red de corrupción, que habría operado entre los años 2004 y 2012, habría tenido un efecto en las cuentas de la petrolera estatal de 10.000 millones de reales (casi 2.700 millones de dólares). De hecho, este agujero fue el responsable de las pérdidas, de más de 7.000 millones de dólares, que Petrobras se tuvo que apuntar en 2014.

En concreto, la investigación apunta a la reforma de dos viviendas que frecuentaba Lula, pagadas por las constructoras Odebrecht y OAS, como una de las vías por las que el expresidente brasileño habría recibido beneficios ilícitos. Estas dos empresas forman parte de las implicadas en la Operación Lava Jato. En el caso de OAS, la fiscalía calcula que hizo reformas por valor de más de un millón de realex en el tríplex de lujo.

La macrooperación que ha tenido lugar este viernes comenzó al filo de las seis de la mañana. Los investigadores la han bautizado como Aletheia, en referencia a la expresión griega que significa "búsqueda de la verdad", y en ella participaron unos 200 policías y 30 auditores de Hacienda cumpliendo órdenes judiciales en los Estados de São Paulo, Río de Janeiro y Bahia. Al domicilio de Lula, en São Bernardo (a unos 20 kilómetros de São Paulo) no tardaron en acercarse simpatizantes y detractores del político. El hijo de Lula, Fábio Luiz da Silva, conocido como Lulinha, también recibió la visita de agentes de la Policía Federal en su apartamento en el barrio de Moema, zona sur de São Paulo.

Los efectos de la operación Aletheia en el Gobierno y para Lula pueden ser devastadores, ya que se rumoreaba que podría volver a ser candidato a la presidencia en 2018.

Sin embargo, esta operación no ha pillado por sorpresa al expresidente brasileño, que el sábado pasado expresó su temor a que Justicia levantase su secreto bancario y revelase informaciones fiscales y registros telefónicos. "Si ese es el precio que tengo que pagar para probar mi inocencia, lo hago. Solo quiero que después me den un certificado de idoneidad", apuntó en tono irónico. Lula también insinuó que las investigaciones son puramente mediáticas.

Los registros se han precipitado después de la publicación este jueves del exjefe del grupo oficialista en el Senado brasileño Delcidio Amaral, de un artículo en la revista Istoé en la que afirmó que la presidenta del país,Dilma Rousseff, y su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva sabían de las corruptelas en Petrobras e intentaron manipular la actuación de la justicia en relación al caso.

El Ministerio Público Federal, por su parte, ha sido duro en el comunicado publicado horas después de los registros en las casas de Lula y su hijo. El texto asegura que "dentro de una República, incluso las personas ilustres y poderosas deben estar sujetas al escrutinio judicial cuando hay fundadas sospechas de actividad criminal, que se apoya, en este caso, en decenas de testimonios y amplias pruebas documentales".

No sería la primera víctima política del caso Lava Jato. De hecho, esta misma semana, el ya exministro de Juticia, José Eduardo Cardoso, dimitió por las presiones y críticas que estaba recibiendo por parte del Partido de los Trabajadores por su gestión de la Operación Lava Jato.

Y, desde luego, la petrolera estatal es una de las grandes damnificadas por la trama de corrupción. Varios accionistas han iniciado acciones legales en los tribunales de Estados Unidos, por las que Petrobras podría enfrentarse a sanciones por valor de 1.600 millones de dólares.

Ya ha habido varios condenados por el caso. De ellos, los primeros fueron el extesorero del Partido de los Trabajadores João Vaccari, y al ex director de Servicios de Petrobras, Renato Duque, que fueron condenados a 15 años de cárcel.

Según el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, los sobornos en Petrobras tuvieron su origen en José Dirceu, jefe de gabinete durante el primer mandato de Lula da Silva, y que se encuentra en prisión por otro caso conocido como 'Mensalao'. El pasado 4 de septiembre de 2015, Dirceu fue acusado, además, de corrupción, lavado de dinero y asociación delictiva en el caso Petrobras.

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