La multinacional energética española Repsol paralizó hasta 2019 la construcción de una planta compresora de gas en la Amazonía peruana por la oposición de una comunidad de indígenas, arrendadora de los terrenos donde trabaja la compañía, anunció hoy a Efe el líder de los nativos, Abraham Gonzáles.
La comunidad nativa Nuevo Mundo, de etnia matsigenka, acordó con Repsol negociar nuevamente los términos del arrendamiento actual, que finaliza en 2019 y no incluye la construcción de la planta, situada a apenas 400 metros de las casas de los indígenas, según Gonzáles.
El actual arrendamiento solo contemplaba la construcción de un aeródromo y de un campamento para trabajadores, entre otras instalaciones menores, por lo que los nativos paralizaron las obras en la planta como medida de protesta hasta alcanzar un acuerdo con la compañía.
Gonzáles comentó que las obras en las otras instalaciones continúan con normalidad porque la comunidad nativa quiere tener una buena relación con Repsol, pero con un pago «justo» por el uso de sus tierras en función a la actividad que realicen.
«Esperamos una mejor propuesta por parte de ellos. Nosotros reclamamos nuestros derechos y tenemos experiencia. Queremos negociar bien y garantizar nuestra generación. Esperamos que Repsol lo considere positivo para que tengamos una buena convivencia», dijo el líder de los nativos.
La planta objeto de la polémica está en el yacimiento denominado Lote 57, operado por Repsol y en el que también participa la brasileña Petrobras, que se ubica en la selva montañosa del sur de Perú, en el triple límite departamental de las regiones Junín, Cuzco y Ucayali.
La multinacional española extrae gas del Lote 57 desde 2014 gracias a los pozos perforados en el campo Kinteroni y prevé invertir 958 millones de dólares para habilitar dos pozos más y otras instalaciones en el campo Sagari, cuyas reservas son de entre 1 y 2 trillones de pies cúbicos.
Además de Nuevo Mundo, hay otras dos comunidades indígenas dentro del área de influencia del proyecto de explotación de Sagari, que son Kitepampani y Porotobango.
En las tres comunidades Repsol realizó mecanismos de participación ciudadana para informar sobre el proyecto y recibir aportes, observaciones y sugerencias de los nativos, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en febrero de 2016 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
